El titular de la Secretaría Antilavado de Activos opina que las zonas francas deben ser examinadas por la DGI Una organización que maneja actividades criminales necesita en algún momento ingresar al mercado legal el dinero que obtiene mediante sus negocios ilícitos. A fines de la década de 1990, Uruguay estuvo en el ojo de la tormenta por ese tema: el argentino Raúl Vivas, propietario del cambio Italia que funcionaba en Punta del Este, fue procesado en Estados Unidos por lavar cerca de U$S 1.500 millones del narcotráfico colombiano.
Para el titular de la Oficina Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz, que trabajó en ese caso cuando estaba en la Dirección General Impositiva (DGI), es posible que hoy en Uruguay estén ocurriendo prácticas similares, con profesionales “facilitando el tránsito financiero” de organizaciones criminales internacionales.
“Con el tipo de sistema financiero que tenés” hay “altas probabilidades” de que grupos terroristas como Hezbollá “estén pasando plata por acá”, dijo Díaz durante una entrevista con Búsqueda en su despacho ubicado en el piso 9 de la Torre Ejecutiva.
Según el jerarca, en Uruguay persiste una cultura de poca transparencia “que ha quedado atrás en el mundo” y que se ve reflejanda en que aún se mantiene el “secreto bancario”, en los pocos controles a las zonas francas y en que hay sectores de políticos y de la economía que se oponen a los acuerdos de intercambio de información como el que el gobierno firmó con Argentina.
Acuerdos. Encargado de poner en práctica la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento Internacional de Uruguay, Díaz cree que en el país se deben aplicar cambios legislativos para cumplir con las exigencias internacionales en esa materia. En caso contrario, puede enfretnar duras sanciones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una de las medidas a tomar, según el gobierno, requiere ampliar la cantidad de acuerdos de intercambio de información tributaria con países “relevantes” para la economía uruguaya, como lo solicitó la OCDE el año pasado. En cuanto al convenio con Argentina, cuya ratificación es discutida por el Parlamento, Díaz opinó que no hay otra opción.
“Dicen que cedemos a Argentina, yo creo que no”. La OCDE te exige que negocies con aquellos que son más relevantes para tu economía. Porque cuando acá empezaron a cumplir con la exigencia de los doce tratados, empezaron a hacer tratados con países que yo ni siquiera sabía que existían. Esas travesuras no te las llevan. Cuando vengan evaluadores tres semanas a ver qué hiciste, ¿te van a llevar que vos hiciste un acuerdo con Kenia?”
“No estamos cediendo a las presiones de Argentina sino cumpliendo con las exigencias de la OCDE y del GAFI”, añadió Díaz.
“Altas probabilidades”. Si bien el gobierno aplicó cambios en la legislación, como la ley que modifica el marco normativo de las sociedades anónimas, Díaz cree que hay mucho camino por recorrer. “Si hoy viniera una delegación del GAFI seguro que quedaríamos en la lista. Tenemos mucho para hacer en ese sentido. Desde modificaciones a la legislación hasta mejorar las investigaciones que hacemos en temas de lavado de activos”, advirtió.
“Uruguay tiene un secreto bancario desde el año 1982 y un IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) recién desde el año 2007; tiene una cultura que ha quedado atrás en el mundo. El país puede tener ciertas características, dada la seguridad jurídica que tiene, para facilitar las triangulaciones financieras con alguna organización criminal extranjera”, insistió.
El jerarca aclaró que no cuenta con información de que un grupo como Hezbollá, terroristas que operan en Medio Oriente, utilice el sistema uruguayo para mover su dinero y financiar sus actividades, pero que el hecho de que existan “altas probabilidades” de que algo así esté ocurriendo es grave.
La DGI. Una de las áreas que más preocupan a Díaz son las zonas francas. Esas entidades tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, pero hasta el momento no hubo ninguna denuncia.
“¿A vos te parece que no hay ninguna operación sospechosa en toda la historia de las zonas francas? ¿Acaso hace unos años no se encontraron motores de aviones de guerra en una zona franca?, cuestionó.
Para el jerarca, es necesario aumentar los controles a esas instituciones, algo que hoy recae en la Auditoría Interna de la Nación. Al respecto, Díaz opinó que esa potestad debe pasar a manos de la DGI porque “tiene un equipo enorme” y una mejor “cultura institucional” para cumplir la tarea.
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